Hoy en GARA se ha publicado un artículo interesante firmado por Iñaki
Irizar e Iñaki Azkarate, miembros de la sociedad Vasca de Biología de
la Conservación, que ahonda en la controversia surgida por el
posicionamiento de los alcaldes gipuzkoanas firmantes de la protesta a
los planes de gestión de la RED NATURA 2000. Recientemente los grupos
conservacionistas gipuzkoanos hicimos un comunicado crítico con la
opinión de los alcaldes que procedimos a enviar a la Consejera de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco y que se puede consultar
aquí.
Adjuntamos el enlace del artículo, y lo copiamos a continuación para evitar la posible caducidad del enlace
Transcripción exacta del testo de GARA:
Iñaki Irizar e Iñaki Azkarate | Miembros de la Sociedad Vasca de Biología de la Conservación
Alcaldes y gestión de la Red Natura 2000
Las declaraciones efectuadas recientemente
por catorce alcaldes de Gipuzkoa denunciando las «nefastas
consecuencias» de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 no pueden
dejarnos indiferentes pues, en el fondo y en la forma, están abogando
por ahondar en el incumplimiento de las leyes de la Unión Europea en
materia de conservación de la biodiversidad.
Y es que estamos a punto de cumplir 20
años desde que, los que se quejan y también todos los europeos, nos
dotamos de la Directiva Hábitats, en un intento continental de detener
la pérdida de la biodiversidad, grave problema global que no sólo sufren
áreas como la Amazonía. Como puede ver cualquiera que conozca la
planificación ambiental criticada, todavía estamos muy lejos de frenar
esta pérdida de vida salvaje en Europa, a pesar del compromiso
institucional de conseguirlo para año 2010, declarado por la ONU como
Año Internacional de la Biodiversidad.
Precisamente, en esa fecha se agotaba
también el plazo de 6 años fijado por la normativa europea para designar
como Zonas Especiales de Conservación los 52 Lugares (LIC) que
constituyen la aportación de la CAPV a la Red Natura 2000. Pero no
contentos con que el Gobierno Vasco esté trabajando en ello, obligado
por el marco jurídico europeo y fuera de plazo, 14 representantes de la
Administración, que en teoría deberían velar por el cumplimiento de la
ley, comparecen reclamando públicamente la paralización de un proceso
obligado por aquella, y que debía haber concluido el año pasado.
Se quejan los alcaldes de menosprecio
hacia las competencias municipales y de falta de información, reclamando
su participación en la redacción de los planes. Y olvidan que junto con
la elaboración de los documentos se abrió ¡hace más de un año! un
proceso de participación en el que los ayuntamientos de la CAPV y las
diputaciones tuvieron, como no podía ser menos, un trato preferente,
como cualquiera con un mínimo interés puede ver en la página web del
Gobierno. Otra cosa es que, en su momento, estos alcaldes no le
prestaran la atención que por lo visto merecía.
Pero cualquiera puede, y más nuestros
representantes, criticar los documentos y discrepar de sus contenidos.
Lo que resulta disparatado es que transcurridos los 6 años que la
Directiva les otorgaba, nuestros políticos se dediquen a sembrar dudas
acerca de la profesionalidad de sus redactores y de sus responsables,
descalificando sus planes como normativistas e irreales y mostrando
públicamente su desconocimiento de la legalidad vigente.
Dejando a un lado la inoportunidad de las
declaraciones, en el fondo subyace un problema de prioridades que
estamos lejos de haber resuelto. Al igual que en el resto de países
europeos, el modelo territorial, económico y de desarrollo experimentado
desde mediados del siglo pasado ha tenido también consecuencias
negativas, y una de las más graves ha sido sin duda la imparable pérdida
de patrimonio natural. La agricultura intensiva, la pesca y la
explotación forestal por un lado, la urbanización, la industria y las
infraestructuras viarias por otro, han asfixiado el medio natural y
rural hasta tal punto que la Comisión Europea se vio en la imperiosa
obligación de proteger los hábitats y las especies más amenazadas,
declarándolas de interés europeo.
Los 27 países de la Comunidad han ido
cumpliendo sus compromisos y, a día de hoy, sumamos entre todos más de
un millón de km2 dedicados a la conservación de los hábitats naturales y
las especies de interés, más del 20% del territorio europeo y más de
500 veces la superficie de Gipuzkoa.
Menos halagüeño es lo que se refiere al
estado de conservación de la vida salvaje. Como vemos en el último
informe publicado por la Comisión Europea en 2009, sólo el 17% de los
hábitats europeos de interés (¡ninguno! en toda la Región Biogeográfica
Atlántica a la que pertenece la franja cantábrica vasca) y sólo el 17%
de las especies (que baja al 5% en la Región Atlántica) presentan un
estado de conservación favorable. Lamentablemente no podemos comparar
estas cifras con las nuestras, pues la administración ambiental vasca,
incumpliendo su deber, no realizó la evaluación que debía. Pero no hace
falta ser un experto para darse cuenta de lo poco que estamos dejando de
la naturaleza original y la gravedad de ello. Los estuarios y las dunas
desaparecidos bajo el hormigón y el asfalto, los ríos reducidos a
canales, eso sí, con agua cada vez más limpia, y de los bosques
originales malvive el 12% en un estado de conservación que deja mucho
que desear. En lo que a especies se refiere, la última versión del
catálogo vasco de especies amenazadas recoge ya 13 especies de fauna y
58 especies de flora en peligro de extinción, eso sin contar las que ya
se han extinguido.
Esto no significa que no se esté
trabajando por mejorar la situación pero es evidente que no lo
suficiente ni, a menudo, en la dirección correcta. En el comunicado de
estos alcaldes queda claro cuáles son sus prioridades, cuando señalan
que los planes de gestión colisionarán con los nuevos desarrollos
urbanísticos e industriales o que ganaderos y propietarios forestales
verán limitada y condicionada su actividad. Pero se les olvida comentar
que más del 20% de las rentas de ganaderos y propietarios forestales
proviene de subvenciones públicas, en su mayor parte de la Unión
Europea, aunque estas últimas tengan que destinarlas al mantenimiento,
mejora y desarrollo de los «bosques» de Gipuzkoa, como no sin ironía
encabeza sus convocatorias la Diputación Foral.
A ninguno se nos escapa la penuria en la
que estos sectores están logrando mantener su actividad, pero también
parece claro que las actuales políticas locales que priman la producción
de bienes con escaso y menguante valor de mercado tienen un recorrido
limitado. Si en otras cuestiones nos miramos en el espejo de países más
avanzados, ¿por qué no lo hemos de hacer en esta materia? ¿O es que nada
podemos aprender de países que, como Austria, Dinamarca, Eslovenia o
Lituania por citar algunos, han apostado en firme por enlazar las
subvenciones agrarias con la conservación de la naturaleza? ¿Hemos de
esperar a que, en un futuro próximo, sea ésta una condición ineludible
para recibir financiación de la UE?
Gran parte de países de la Unión Europea
está trabajando en este sentido, pero está visto que aquí deberemos
seguir exigiendo a nuestros representantes que garanticen el
cumplimiento de las leyes ambientales, a pesar de que las tomen como
imposición de entidades supranacionales, con más sentido de la realidad,
todo hay que decirlo. Es más, independientemente de la normativa y de
los compromisos europeos, entendemos que la naturaleza, la
biodiversidad, es algo que no debemos menospreciar tanto, no olvidemos
que es ella la que nos da el agua que bebemos, el aire que respiramos,
la estabilidad climática y los recursos alimenticios y energéticos que
utilizamos.
La declaración de un grupo de 14 alcaldes
sobre las «nefastas consecuencias» de los planes de gestión de la Red
Natura 2000, para los autores retrata «sus prioridades» cuando señalan
que colisionarán con los «nuevos desarrollos urbanísticos e
industriales» o que «ganaderos y propietarios forestales verán limitada y
condicionada su actividad». Exigen «el cumplimiento de las leyes
medioambientales» y concluyen diciendo que no se debe menospreciar la
biodiversidad por que es ella la que nos «da el agua que bebemos, el
aire que respiramos, los recursos y la estabilidad climática».
